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¿Puede un creyente, manifestándose como tal, intervenir válidamente en los debates basilares que integran la agenda política de las democracias? Los argumentos de un creyente, a partir de sus premisas religiosas y filosóficas, ¿pueden considerarse " razones públicas", oponibles legítimamente en los debates, tanto en el ámbito institucional como en las ágoras mediáticas donde se prefiguran y configuran las cuestiones a decidir y los contornos de las decisiones que se habrán de tomar?